Ha llegado el momento. Con el inicio de la Fase 3 de la epidemia de COVID-19, México pondrá a prueba las medidas que ha implementado desde hace un mes, cuando empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia, para frenar la curva de contagios de coronavirus y reducir lo más posible el número de pacientes graves para que no se colapse el sistema de salud.
Con cerca de 10,000 pacientes positivos y 1,000 muertes, el país llegó a la fase en la que el énfasis estará en la “ocupación hospitalaria”, según ha dicho el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, y en el que se verá si la estrategia de México frente a la “peor catástrofe” sanitaria ha dado resultados.
Desde que se empezaron a dar los brotes en China, y posteriormente en países de Europa, se sabía que el virus llegaría finalmente a México, por eso se empezaron a adoptar acciones de distanciamiento social, una de las medidas que más ha funcionado a nivel mundial para frenar contagios.
Con lecciones aprendidas en otras partes del mundo, el 23 de marzo inició la jornada de distanciamiento, acompañada de la suspensión de clases presenciales (para lo que se establecieron protocolos de educación a distancia) y la suspensión de actividades no esenciales, medida que le pegó a trabajadores informales y a pequeños negocios.
Después vino la declaración de emergencia sanitaria y con ello la Fase 2 de la emergencia, con medidas que incluían la contratación de profesionales de la salud, la disponibilidad de infraestructura hospitalaria e insumos, además de recursos financieros suficientes, así como el fortalecimiento del distanciamiento social.
Para entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se destinaron 4,500 millones de pesos adicionales para la aplicación de los Planes DN-III y el Plan de Marina, mientras que para la atención de los programas de salud de las entidades federativas, se transfirieron 15,300 mdp y se adelantaron 10,000 mdp correspondientes al segundo trimestre del año. Aunado a ello, el Instituto de Salud Para el Bienestar (Insabi) destinó 4,500 mdp para la compra de material de curación, medicamentos y equipamiento.
Al ser una enfermedad con una capacidad muy elevada y rápida de contagios, lo que se buscó es tratar de reducir el número de pacientes que por ser más vulnerables al virus requerirían atención médica especializada y que no sobrepasara al sistema de salud en el pico más alto.
Una situación que puso en desventaja al país, debido a que posee una de las tasas más elevadas de obesidad, diabetes y hipertensión , las cuales han sido el principal componente de que los casos de COVID-19 tengan un desenlace mortal. Mientras en otros países, el 20% de los positivos llegan a la hospitalización, aquí son el 35%.